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Nueva ley de MEDIACION CHACO Y Código de ética.

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco

Sanciona con fuerza de Ley Nro. 6.051

CAPÍTULO I

MEDIACIÓN

ARTÍCULO 1º: Promuévese  en el ámbito de la Provincia del Chaco, la mediación como sistema alternativo y voluntario de resolución de disputas.

                           La mediación implica un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, facilita que las partes arriben consensuadamente a la solución de su conflicto.

ARTÍCULO 2º: El procedimiento de mediación llevado a cabo en el contexto de la presente ley, deberá estar a cargo de uno o más mediadores matriculados en el Registro de Mediadores creado en esta.

                           En  las mediaciones extrajudiciales la mediación podrá ser llevada a cabo por mediador o mediadores registrados, de cualquier título universitario.

                            En caso de mediaciones realizadas en procesos judiciales en trámite, la mediación deberá ser llevada a cabo por lo menos por un mediador registrado y abogado, pudiéndose acordar la intervención conjunta con otros mediadores registrados de otra profesión universitaria.

ARTÍCULO 3º: Toda cuestión disponible por las partes podrá ser sometida al procedimiento de mediación,  con ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

                          Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en la que deberán constar los términos del mismo, firmada por el mediador, las partes y los letrados intervinientes; el que podrá ser  homologado judicialmente. La homologación será necesaria en  causas laborales, en causas  familiares cuando  hubiere menores involucrados, y en los reclamos donde sean parte el Estado Provincial, el  Sector Público Provincial, definido por la  ley 4.787, o los municipios.

                         El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación, con fines estadísticos, al Superior Tribunal de Justicia.

ARTÍCULO 4º: Son cuestiones especialmente excluidas de la presente ley, las siguientes:

a)      Penales, las que serán tramitadas de acuerdo con las previsiones de la ley 4.989 de Mediación Penal, vigente en la Provincia.

b)     De estado de familia, acciones de separación de persona y divorcios, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, excepto aquéllas de contenido patrimonial y que sean disponibles por las partes.

c)     Acción de amparo, hábeas corpus y hábeas data.

  d)     Procesos de declaración de incapacidad, de inhabilitación y de rehabilitación.

e)     Interdictos.

f)      Medidas cautelares, diligencias preliminares y prueba anticipada.

g)     Concursos preventivos y quiebras.

h)     Juicios sucesorios, hasta la declaratoria de herederos.

i)       Acciones declarativas y juicios voluntarios.

j)       Causas en que sean parte  el Estado Provincial o Municipal, u  organismos del Sector Público Provincial  definidos por la ley 4.787, en las que se encuentren comprometidas normas de orden público. En cambio podrán ser mediables las cuestiones que resulten disponibles para las partes debiendo cumplirse con las normas vigentes en materia de  autorización para acuerdos o transacciones judiciales.

  CAPÍTULO II

MEDIADORES

ARTÍCULO 5º: Créase  el Registro de Mediadores de la Provincia del Chaco, que estará a cargo del Superior Tribunal de Justicia, el que dictará las normas específicas de organización, administración y funcionamiento del Registro.

ARTÍCULO 6º: Son requisitos para la inscripción en el Registro de Mediadores:

a)      Poseer título universitario  de grado en cualquier disciplina.

b)     Acreditar haber completado la capacitación básica de mediación exigida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediante certificación o constancia expedida por ese Ministerio o institución habilitada e inscripta en el mismo.

c)     Acreditar domicilio en la Provincia.

d)     Disponer de oficinas, que permitan un correcto desarrollo del trámite de mediación, con cantidad de ambientes suficientes para la celebración de las sesiones conjuntas o privadas y demás actuaciones propias de procedimiento.

                      El Superior Tribunal de Justicia establecerá la forma con las que se acreditarán los requisitos exigidos para la matriculación, como también las formalidades relacionadas con la acreditación de la capacitación continua de los mediadores matriculados en su Registro, como así  el procedimiento de habilitación, supervisión  y fomento de centros de mediación institucionales o privados.

ARTÍCULO 7º: Son deberes del mediador:

a)      Cumplir lo dispuesto en el Código de Ética que por esta ley se aprueba.

b)     Capacitarse y perfeccionarse continuamente acreditándolo con los certificados correspondientes.

c)     La capacitación continua exigida a los mediadores deberá ser acreditada por éstos mediante certificación o constancia emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y/o por las instituciones formadoras inscriptas y habilitadas en su Registro.

d)     Desarrollar su actividad aplicando los principios éticos y proce-dimentales que el proceso de mediación implica: actuar con imparcialidad y neutralidad; respetar y promover la confidencialidad de todo lo actuado en el proceso, como también la inmediatez y participación de todas las partes y la construcción de acuerdos auto-compuestos por las partes.

ARTÍCULO 8º: Las actuaciones serán confidenciales. El mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes, pudiendo efectuar reuniones en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer, con su conducta, a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad, ni de imparcialidad y neutralidad.

                             A las mencionadas sesiones deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y las personas físicas domiciliadas en otra jurisdicción y a más de doscientos kilómetros del lugar sede de la mediación.

               La obligación de no divulgar el contenido de los procedimientos de mediación,  respetando el deber de confidencialidad, comprende tanto a las partes,  a sus abogados, a los mediadores y se extiende a los observadores y a toda otra persona que, por cualquier circunstancia, presencie las mediaciones o tenga acceso al material de trabajo de los mediadores.

ARTÍCULO 9º: Son causales de suspensión de la inscripción en el Registro:

a)      El incumplimiento o mal desempeño de sus funciones en violación al Código de Ética que forma parte de la presente ley.

b)     Negligencia en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de mediación, su desarrollo o celeridad o que viole lo preceptuado en los artículos 7º y 8º de la presente ley.

ARTÍCULO 10: Son causales de separación del Registro:

a)      Haber perdido uno de los requisitos necesarios para la incorporación al mismo.

b)     Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, que perjudique el procedimiento de mediación,  su desarrollo o celeridad en violación al Código de Ética que forma parte de la presente ley.

c)     La violación de principios de confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, inmediatez de las partes, acuerdos auto-compuestos.

d)     Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que hayan intervenido en una mediación a su cargo, en asuntos relacionados con esa mediación.

e)     Haber asesorado, patrocinado o representado a alguna de las partes en otros asuntos cuando involucren a las mismas partes y por un período de un año con anterioridad y con posterioridad a la fecha de la realización de la mediación.

f)      Haber sido suspendido en el Registro por tres ocasiones en un período de dos años.

ARTÍCULO 11: Las sanciones previstas en los artículos 9º y 10 de la presente ley, serán aplicadas previo proceso sumario, garantizándose el derecho de defensa. La suspensión tendrá un plazo máximo de un año. También podrá sancionarse al mediador con un   llamado de atención, apercibimiento o multa de hasta tres salarios mínimos, vital y móvil, por infracciones al Código de Ética  que no tengan gravedad suficiente para justificar una suspensión o separación del registro de mediadores.

ARTÍCULO 12: El sumario se iniciará de oficio o por denuncia de partes  que acrediten interés legítimo, y tramitará ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la jurisdicción. El Superior Tribunal de Justicia aprobará por resolución el Reglamento de Sumarios aplicable a este procedimiento.

ARTÍCULO 13: La resolución que decrete la suspensión o separación del Registro será recurrible en segunda instancia ante el Superior Tribunal de Justicia, según las reglas de procedimiento civil y comercial. Las sanciones de llamado de atención, apercibimiento o multa  sólo serán susceptibles de recurso de revocatoria .

ARTÍCULO 14: No podrán ser mediadores quienes registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o hubieren sido condenados con penas de reclusión o prisión por delito doloso.

CAPÍTULO III

MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL

ARTÍCULO 15: El proceso de mediación acordado por las partes sin que se  hubiere promovido demanda  en sede judicial, también se regirá en lo pertinente por los términos de esta ley, ajustándose a las siguientes pautas:

            a) El mediador, que debe estar inscripto en el Registro, no requiere ser abogado.

            b) No se requiere asistencia letrada a las partes, salvo que el acuerdo deba ser homologado judicialmente.

            c) La retribución del mediador será la que acuerden las partes, y supletoriamente serán de aplicación las normas de esta ley.

                            En el caso de que se cumplan estos requisitos,  el acuerdo firmado por las partes y comunicado al Superior Tribunal de Justicia, tendrá los efectos previstos en el artículo 27 de la presente.

ARTÍCULO 16: Cualquier persona que pueda resultar futura actora o demandada en sede judicial, podrá acceder al procedimiento de mediación extrajudicial requiriendo la intervención de un mediador matriculado, ya sea en un Centro de Mediación Institucional o Privado o en el Centro Público de Mediación, en el caso que así correspondiere según lo preceptuado en el Capítulo XI de la presente ley.

                            En caso de optarse por los servicios del Centro Público de Mediación, la designación del mediador se regirá en lo pertinente, por lo preceptuado en el Capítulo XI de la presente ley,

ARTÍCULO 17: El mediador que resulte designado, tendrá a su cargo la fijación de audiencia y la notificación al requerido, por medio fehaciente, tal como se dispone en el artículo 18.

                             En caso de que el requerido no esté de acuerdo con el mediador designado podrá dentro de los tres (3) días hábiles de su notificación, solicitar la designación de otro mediador, previa notificación fehaciente al mediador designado.

                             En este caso, las partes de común acuerdo podrán designar nuevo mediador quien tendrá a su cargo la fijación de nueva fecha de audiencia, quedando notificadas las partes en el mismo acto de designación de mediador.

                             Cuando las partes no se pongan de acuerdo en la designación de mediador se designará mediador, según el procedimiento previsto en la parte pertinente del artículo 21 de la presente ley.        

ARTÍCULO 18: El mediador, dentro del plazo de diez días de haber tomado conocimiento de su designación, fijará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las partes.

                           El mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes mediante cédula u otro medio fehaciente de notificación disponible en su jurisdicción y en el domicilio de los requeridos. En caso de notificación por  cédula, ésta será librada por el mediador, y  diligenciada ante la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Provincia; salvo que el requerido se domiciliare en extraña jurisdicción, en cuyo caso deberá ser diligenciada por el requirente. En caso de que la notificación sea realizada por otro medio fehaciente, el mediador estará a cargo de la misma, cumplimentándose los demás requisitos exigidos en el presente artículo.

                A tales fines se habilitarán los formularios de cédula de notificación cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente.

               Se tendrá por fracasada la instancia de mediación extrajudicial cuando cualquiera de las partes se ausente sin justificación de la audiencia de designación o sorteo, o de la audiencia a la que convoque el mediador designado.

            CAPÍTULO IV

DE LA MEDIACIÓN EN PROCESOS EN TRÁMITE

ARTÍCULO 19: El procedimiento previsto en esta ley será de aplicación a causas en trámite, regidas por  el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, Código de Procedimientos en lo Laboral, Estatuto del Menor de Edad y la Familia y Código Contencioso Administrativo, de los cuales la presente ley es complementaria. 

ARTÍCULO 20: En cualquier estado del proceso, antes que recaiga sentencia firme, cualquiera de las partes podrá pedir que la causa sea derivada a mediación, en cuyo caso se correrá traslado de esta petición a la contraria, para su aprobación o rechazo. La mediación será llevada a cabo siempre que las partes en su totalidad presten conformidad expresa o tácita de someterse a dicho procedimiento. El silencio de la parte que fuere notificada del pedido de mediación, será entendido como aceptación de la misma.

                             El tribunal rechazará la petición sin sustanciación, cuando la cuestión sea de las no mediables  establecidas en el artículo 4º de esta ley.

ARTÍCULO 21: También la causa podrá ser derivada a mediación cuando así lo disponga el Juez interviniente,  por resolución fundada, en cualquier etapa del proceso, y por considerarlo conveniente para los intereses de las partes. En este caso, señalará audiencia dentro de los treinta días  a la que las partes estarán obligadas a comparecer en forma personal, salvo las personas  físicas y jurídicas domiciliadas en otra jurisdicción  y a más de 200 kilómetros de la sede del tribunal.

                La incomparecencia injustificada de una de las partes, implicará el fracaso de la mediación.

                            En esa audiencia las partes propondrán el o los mediadores que serán designados en esa causa. A tal fin, junto con la notificación de esta audiencia de mediación, el Juez deberá acompañar también una lista completa de Centros de Mediación Privados habilitados y listado de Mediadores inscriptos, consignando todos los datos identificatorios.

               En caso de que las partes no se pongan de acuerdo con el mediador a designarse, éste será designado por sorteo. El sorteo de mediador será realizado en la Mesa Única Informatizada, siguiéndose el procedimiento establecido  en los artículos 17 y siguientes de la presente ley, para lo cual se notificará a la Mesa Única los datos de la causa y de las partes intervinientes en la misma. En dicha oportunidad se sorteará un mediador titular y un suplente.

ARTÍCULO 22: En los casos de los artículos 20 y 21, se suspenderán de pleno derecho los plazos procesales, hasta que por resolución judicial se disponga la reanudación de los mismos, si correspondiere.                                                          

ARTÍCULO 23: La asistencia letrada de las partes en las audiencias de mediación será obligatoria. 

        CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 24: Cuando las partes de común acuerdo considerasen importante la intervención de un tercero en calidad de técnico o experto en una determinada materia, el mediador lo citará a fin de que comparezca a la instancia mediadora.

ARTÍCULO 25: El plazo para la mediación será de hasta sesenta días corridos a partir de la última notificación al requerido o al tercero en su caso. Dicho plazo se podrá prorrogar por acuerdo de partes.

ARTÍCULO 26: Dentro del plazo previsto para la mediación el mediador podrá convocar de común acuerdo con las partes a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.

                           Si la mediación fracasare por la incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera audiencia, se dará por terminado el trámite, y quedará expedita la vía judicial, excepto que el requirente solicite al mediador se intente una nueva mediación a cuyo fin se procederá con las notificaciones en la forma prevista en el artículo 18 de la presente ley.

                           En cualquier estado del proceso de mediación ésta podrá ser finalizada a pedido de cualquiera de las partes, o del propio mediador, dándose por terminado la vía de mediación, quedando expedita la vía judicial, o su continuación en el caso de que la mediación se desarrolle cuando ya estuviese trabada la litis.

                           El mediador dará por finalizada la mediación en caso de que tome conocimiento de la existencia de un delito, realizando la derivación pertinente ante el Fiscal de Investigación Penal en Turno.

ARTÍCULO 27: Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en la que deberán constar los términos del mismo, firmada por el mediador registrado, las partes y los letrados intervinientes.

                           El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación, con fines estadísticos, al  Superior Tribunal de  Justicia.

                           En caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el Juez designado, mediante el procedimiento de juicio ejecutivo regulado en el Libro III, Título II de la ley 968 y sus modificatorias-  Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, sirviendo el acta firmada por las partes, los letrados y el mediador, como título que trae aparejada  ejecución, y gozará de presunción de legitimidad en tanto se cumplan las disposiciones de este artículo.

                             En caso de existir homologación judicial del acuerdo, el mismo será ejecutable  en caso de incumplimiento por la vía de ejecución de  sentencia.

                           En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez podrá  aplicar la multa establecida en el artículo 45 de la  ley 968 y sus modificatorias -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, a favor de la otra parte.

                            También podrá ejecutarse por la  vía  de juicio ejecutivo, la retribución del mediador no abonada por quien se obligara a su pago. En este caso, junto con el acta de finalización de la mediación, sea o no con acuerdo, firmada por las partes, el mediador adjuntará la constancia de sus honorarios, la que será considerado como título ejecutivo a los fines de quedar expedita la vía judicial del cobro.

ARTÍCULO 28: Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las partes, en la que se dejará constancia de tal resultado.

                           En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, o proseguir la acción en trámite, acompañando las constancias de la mediación. También en este caso se deberá comunicar el resultado al Superior Tribunal de Justicia, con fines estadísticos.

ARTÍCULO 29: Será aplicable lo dispuesto en el artículo 26 inciso L  de la  ley 4.182 y sus modificatorias para los procesos de mediación previstos en esta ley, y ajustados  a sus disposiciones. En  caso de resolverse un pleito ya iniciado por  un acuerdo alcanzado en un proceso de mediación, tampoco se devengará tasa de justicia, pero quedarán  firmes los pagos ya efectuados por ese concepto, al promoverse la demanda.

              CAPÍTULO VI

CAUSALES DE EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN

ARTÍCULO 30: El mediador que intervenga en mediaciones realizadas en procesos judiciales, deberá excusarse bajo pena de inhabilitación como tal, en todos los casos previstos en la ley 968 y sus modificatorias- Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, para excusación de los jueces, pudiendo  además ser recusado con o sin expresión de causa por las partes conforme lo determina ese Código. De no aceptar el mediador la recusación, ésta será decidida por el Juez interviniente o asignado conforme con lo establecido en el artículo 16 de esta ley, por resolución que será inapelable.

                           En los supuestos en que el mediador designado se haya excusado o  haya sido recusado, se practicará inmediatamente el sorteo de nuevos mediadores. La parte requirente podrá optar por proponer un nuevo mediador, tal como está previsto en el artículo 17 de  la presente ley.

                           El mediador no  podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de las partes intervinientes en la mediación durante el lapso de un (1) año desde que finalizó el proceso de mediación. La prohibición será absoluta en los temas en los que haya intervenido como mediador.

                           Será también causal de recusación o excusación, el haber asesorado o patrocinado a cualquiera de las partes, en temas que se debatan en la mediación, con anterioridad a la celebración de la misma.

     CAPÍTULO VII

RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR

ARTÍCULO 31: Salvo acuerdo expreso de partes, el mediador  percibirá por la tarea   desempeñada en la mediación una suma fija, consistente en el importe de  dos salarios mínimos, vitales y móviles, la que podrá ser actualizada por el Superior Tribunal de Justicia.  En conflictos sin valor patrimonial, de valor indeterminado, o cuyo valor no  supere la suma Pesos cinco mil pesos ($5.000), la retribución será el importe de un salario mínimo vital y móvil, que también podrá ser actualizada en la forma indicada. En conflictos con valor entre Pesos cinco mil uno ($5.001) y Pesos diez mil ($ 10.000), la retribución será del importe  de un salario y medio mínimo vital y móvil.              Dicha suma será abonada por la o las partes conforme el acuerdo a que arriben. En defecto de acuerdo, los honorarios serán abonados en partes proporcionales.

                            En caso de que la mediación esté a cargo de más de un mediador, los honorarios que correspondan serán distribuidos entre el equipo mediador.

                             En los procesos de mediación  previstos en el capítulo IV, de no arribarse a un acuerdo, los honorarios básicos del mediador serán abonados por el Fondo de Financiamiento de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, hasta el máximo de uno o  de  dos salarios mínimos, vitales y móviles, según corresponda por el monto del conflicto,  o la suma que hubiere establecido por actualización el Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores. En caso de insuficiencia del mencionado Fondo de Financiamiento, el mediador podrá optar por percibir su retribución del condenado en costas, al final del proceso judicial.

                             En caso de fracaso de la mediación por incomparecencia de la o las partes, no se devengarán honorarios del mediador.

                            Las sumas abonadas como retribución del mediador, integrarán las costas de la litis, las que se reintegrarán por el condenado al pago de las mismas al Fondo de Financiamiento, teniendo prioridad sobre cualquier otro rubro, para el supuesto de que existieren fondos depositados en la causa judicial.

                            De no existir fondos en la causa,  se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento previsto en  los  artículos. 23, 24, 29, 30 y 36 de la ley 4.182 y sus modificatorias, para el cobro de la tasa de justicia, y serán aplicables las responsabilidades allí establecidas.

                             El acuerdo expreso  de partes que modifique  los importes  básicos fijados en este artículo, en más o en menos,  deberá ser confeccionado por escrito, firmado por todas las partes, y se agregará al acta de la mediación, como  requisito de validez y exigibilidad.      

ARTÍCULO 32: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y si no existiera acuerdo de partes, el mediador registrado podrá pedir al juez interviniente en la causa judicial una regulación adicional, la que podrá ser dispuesta por resolución fundada, y cuando existan causas que lo ameriten, considerando la importancia económica de la cuestión, la extensión y complejidad de los trabajos efectuados, la eventual intervención de dos o más mediadores, y el resultado  final de la mediación, que deberá haberse plasmado en un acuerdo entre las partes.

               Dicha regulación  adicional no podrá exceder de dos salarios mínimos vitales y móviles, y se distribuirá por partes iguales entre las partes del juicio, salvo resolución en contrario del juez, por motivos fundados.

 CAPÍTULO VIII

FONDO DE FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 33: Créase un Fondo de Financiamiento a los fines de solventar:

a)   El pago de los honorarios básicos a los mediadores de acuerdo con  lo establecido por el artículo 31 tercer párrafo de la presente ley.

                     b) Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro de  Mediadores.

                     c) Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento del sistema de mediación.

ARTÍCULO 34: El Fondo de Financiamiento se integrará con los siguientes recursos:

a) Las sumas asignadas en las partidas del Presupuesto del Poder Ju-dicial.

b) El reintegro de los honorarios básicos abonados conforme  con lo establecido por el artículo 31, quinto  párrafo  de la presente ley, y sus intereses.

c) Las multas previstas en el artículo 27, siendo de aplicación lo dis-puesto en el artículo 31 para su cobro.

d) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo.

ARTÍCULO 35: La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo del Superior Tribunal de Justicia, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente. 

CAPÍTULO IX

HONORARIOS DE LOS LETRADOS DE LAS PARTES

ARTÍCULO 36: En caso de llegarse a un acuerdo en la etapa de mediación, las partes podrán también acordar la forma de imposición de costas y el monto de los honorarios de los letrados intervinientes. También podrán acordar que el monto de los honorarios sea establecido por el Juez interviniente en cuyo caso resultará de aplicación el artículo 10 de la ley 2.011 y modificatorias, según sea la etapa del juicio  en la que el acuerdo se concrete.   

                            En el supuesto de arribarse a un acuerdo en  la mediación extrajudicial, que no incluya monto de honorarios de los letrados intervinientes los mismos podrán solicitar se regulen los mismos por el procedimiento  previsto en el artículo 46 de la ley 2.011 y sus modificatorias.

                           El Juez lo regulará aplicando el arancel previsto en el artículo 38-inciso 3) de la ley 2.011 y sus modificatorias para acuerdos extrajudiciales.

                     CAPÍTULO X

                        NORMAS ÉTICAS

ARTÍCULO 37: Apruébase el Código de Ética de los Mediadores que como anexo forma parte integrante de la presente ley.

ARTÍCULO 38: Será obligatorio para todos los mediadores inscriptos en el Registro respectivo, y para los ayudantes y terceros  que intervengan en el proceso de mediación en los términos autorizados por la presente ley, el cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética aprobado por el artículo anterior.

CAPÍTULO XI

CENTRO PÚBLICO DE MEDIACIÓN

ARTÍCULO 39: El Centro Público de Mediación que funciona  como servicio conexo del Poder Judicial, se regirá por esta ley  y  prestará el servicio previsto en la presente  en forma gratuita.

                           Los mediadores que integren su plantel, intervendrán también en aquellos casos en que algunas de las partes intervinientes en el proceso haya accedido previamente al beneficio de litigar sin gastos, o esté en condiciones de solicitarlo, conforme criterios objetivos de evaluación establecidos por el mismo Centro Público de Mediación.

                En el supuesto  establecido en el párrafo anterior, las partes podrán acordar la designación de un mediador privado, siempre que éste, expresamente, renuncie a sus honorarios, o que acepte condicionar su remuneración a que alguna de las partes la asuma en el acuerdo al que pueda arribarse, al final del proceso.

ARTÍCULO 40:   El Centro Público de Mediación deberá contar con una lista actualizada de mediadores registrados y de los Centros de Mediación Institucional o Privados, integrados por mediadores registrados, y supervisados y habilitados en este último caso por el Superior Tribunal de Justicia. Esta lista deberá contener sus domicilios, teléfonos de contacto, con más los datos precisos de los mediadores que median en ellos, a fin de que las partes puedan escoger libremente el mediador o el centro de mediación donde puedan concurrir a los fines de solicitar sus servicios.

                            El Centro Público de Mediación también podrá cumplir funciones de capacitación básica y continua de mediadores, investigación, asistencia técnica y apoyo a los programas de entrenamiento de mediadores.

ARTÍCULO 41: El Superior Tribunal de Justicia podrá disponer por resolución, los recaudos  y condiciones de funcionamiento exigibles para el funcionamiento de Centros de Mediación Institucionales o Privados, fomentando su instalación en las distintas circunscripciones judiciales.

                             Asimismo, tomará los recaudos  pertinentes para la habilitación en forma escalonada de las delegaciones del Centro Público de Mediación, previstas en la ley 5.798.

ARTÍCULO 42: Derógase  la ley 4.498 y sus modificatorias, y toda otra norma que se oponga a la presente.

     CAPÍTULO XII

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

ARTÍCULO 43: El procedimiento previsto en esta ley será aplicable a partir de su vigencia a todas las causas judiciales en trámite referidas en el artículo 19.

                El Superior Tribunal de Justicia reglamentará dentro de los noventa días de vigencia de esta ley, el funcionamiento del Fondo de Financiamiento, en los términos del artículo 35 de la presente, así como las restantes cuestiones operativas que hagan a la aplicación de la presente.

ARTÍCULO 44: Hasta tanto sean creados los Centros de Mediación conexos al Superior Tribunal en las circunscripciones del interior de la Provincia, los casos de mediación que ameriten su tratamiento en los mismos, de acuerdo con las prescripciones del párrafo primero del artículo 39 de la presente ley,  podrán ser  mediados en los Centros de Mediación Institucionales o Privados que hayan sido supervisados y habilitados por el Superior Tribunal de Justicia, por mediadores ya matriculados que expresamente consintieren renunciar a los honorarios que pudieren corresponderles y aceptaren hacerse cargo de estas mediaciones.

ARTÍCULO 45: Los  mediadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren inscriptos en el Registro de Mediadores creado por la ley 4.498, serán reinscriptos automáticamente en el Registro de Mediadores creado por el artículo 5º de la presente.

ARTÍCULO 46: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a  los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete.

ANEXO A LA LEY  Nº 6.051

CODIGO DE ÉTICA DE LOS MEDIADORES

ARTÍCULO 1º: Las normas éticas que se establecen en el presente Código no son limitativas de las responsabilidades ni excluyentes de otras reglas más estrictas que suscriban los mediadores o que correspondan a sus profesiones de origen.

ARTÍCULO 2º: Al comienzo de la mediación, el mediador deberá informar a las partes sobre la naturaleza, características y reglas a las que se sujetará el proceso de mediación, sentido de función y papel que desempeña el mediador, asegurándose la comprensión de los participantes y su consentimiento al respecto.

ARTÍCULO 3º: Antes de iniciar el procedimiento de mediación el mediador deberá informar a todos los presentes sobre los alcances y excepciones, de la regla de confidencialidad a que estará sometido el procedimiento.

                           Cumplido este deber de informar, el mediador requerirá a todos los presentes la suscripción de un convenio expreso de confidencialidad, para garantía y seguridad de los mismos. Esta obligación se extiende a cualquier otra persona que se incorpore con posterioridad al proceso de mediación.

ARTÍCULO 4º: Las actuaciones, documentos de trabajo, anotaciones y todo otro material contenido en las fichas y registros de casos ingresados al centro de mediación en el que actúe el mediador o su oficina, como así toda comunicación efectuada durante o en conexión con la mediación a su cargo y que se relacione con la controversia, sea al Centro, a mediador o a alguna de las partes o a cualquier persona interviniente en la sesión de mediación serán confidenciales.

ARTÍCULO 5º: La confidencialidad cubre la información que el mediador reciba en sesión privada. El mediador deberá guardar absoluta reserva de lo que las partes le confíen y no le autoricen a transmitir a la otra parte.

ARTÍCULO 6º: Ni los integrantes del Centro, ni los mediadores podrán comentar el caso antes o después de la mediación, ni hacer uso de la información, salvo a los fines de la evaluación de los programas y actividades de investigación, reuniones de trabajo o estudio, o para aprendizaje y a estos únicos efectos.  En todos los supuestos, evitará revelar los datos personales de las partes o características salientes que hicieran reconocible la situación o las personas, no obstante omitirse su identificación.

                         Podrá eximirse de esta obligación con autorización expresa de los interesados, lo que deberá hacerse saber, también en forma expresa, cada vez que se use dicha información.

ARTÍCULO 7º: Es deber del mediador mantener una conducta neutral, imparcial y equilibrada respecto a todas las partes, despojada de prejuicios o favoritismos, ya sea en apariencia, palabra o acción. En ningún caso podrá practicar, facilitar o colaborar con actitudes de discriminación racial, religiosa, nacionalidad, estado civil, sexo u otro tipo de diferencias, debiendo generar confianza en su imparcialidad y servir a todas las partes por igual.

ARTÍCULO 8º: El mediador evitará recibir o intercambiar obsequios, favores, información u otros elementos que puedan predisponer su ánimo o empañar su labor de tercero imparcial.

ARTÍCULO 9º: El mediador deberá excusarse y apartarse del caso en las siguientes situaciones:

a)     Si tuviese relación de parentesco con alguno de los participantes, mandatarios o abogados.

b)     Si el mediador o sus consanguíneos o afines tuviesen interés en el conflicto, sociedad o comunidad con alguno de los participantes, sus mandatarios o abogados.

c)     Si tuviese pleito pendiente con alguna de las partes.

d)     Si hubiese sido autor de denuncia o querella, o hubiese sido denun­ciado o querellado por alguno de los participantes.

e)     Si hubiese sido denunciado por alguna de las partes ante el funcio­nario a cargo del Registro de Mediadores o el Tribunal de Ética creado por esta ley.

f)      Si hubiese sido defensor, brindado servicio profesional o asesora­miento o emitido dictamen u opinión, o dado recomendaciones respecto del conflicto.

g)     Si hubiere recibido beneficio de importancia de alguno de los parti­cipantes.

h)     Si tuviese relación de amistad íntima o que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato con alguno de los participan­tes.

i)      Si tuviese relación de enemistad o de odio o resentimiento  con alguna de las partes.

j)      Si se diese cualquier otra causal que a su juicio le impusiera abste­nerse de participar en la mediación por motivos de decoro o delicadeza.

                           El mediador siempre debe excusarse o apartarse del caso si cree o percibe que su imparcialidad se encuentra afectada, o que su participación como tercero neutral puede verse comprometida por algún conflicto de interés u otra circunstancia que razonablemente pueda suscitar cuestionamiento o afectar su aptitud para conducir el procedimiento en forma equilibrada.

                           La obligación de excusación es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación.

ARTÍCULO 10: Constituye obligación del mediador revelar toda circunstancia que dé lugar a una posible parcialidad o prejuicio y hacer saber a las partes cualquier cuestión que, sin configurar a su juicio causal de excusación, pudiese suponer que afecta su imparcialidad a fin de que las partes consientan sobre su continuación en el procedimiento de mediación.

ARTÍCULO 11: Esta prohibido asesorar o patrocinar a alguna de las partes que haya intervenido en una mediación a su cargo, en asuntos relacionados con esa mediación o en otros asuntos, cuando involucre a las mismas partes.

ARTÍCULO 12: El procedimiento de mediación pertenece a las partes que delegan su conducción en el mediador. El mediador no tiene interés particular alguno en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las partes, pero deberá estar satisfecho de que el convenio al que se arribe con su intervención no contraríe la integridad del proceso. Llegado este caso hará saber a las partes su inquietud y no podrá jamás violar la regla de la confidencialidad a estos fines.  Deberá asegurarse de que los participantes comprendan los términos del acuerdo y den libre conformidad al mismo antes de la suscripción.

ARTÍCULO 13: Cuando el mediador advierta que existen intereses no presentes ni representados en la mediación que las partes no han considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, deberá hacerlo saber a los participantes y sugerir la  integra- ción del procedimiento con terceros.

ARTÍCULO 14: El mediador deberá poner diligencia en tratar de lograr la pronta conclusión del procedimiento.

ARTÍCULO 15: El mediador informará a las partes sobre otras formas de resolución alternativa de disputas cuando ello sea aconsejable.

ARTÍCULO 16: Cuando una misma mediación sea dirigida por dos o más mediadores, cada uno deberá intercambiar información entre ellos y evitar cualquier apariencia de desacuerdo o crítica ante las partes.

ARTÍCULO 17: El mediador sólo debe aceptar la responsabilidad de conducir el procedimiento de mediación en los casos en que se sienta suficientemente capacitado, de acuerdo con el contenido de la disputa y la naturaleza del procedimiento.

ARTÍCULO 18: El mediador tiene el deber y es responsable de estar capacitado, de mantenerse informado, actualizado y tender hacia la excelencia profesional.

ARTÍCULO 19: Los centros de mediación y los mediadores en particular deben cuidar la forma en que hacen las tareas de divulgación, publicidad y ofrecimiento de servicio, no podrán anunciar resultados específicos ni sugerir que una parte puede prevalecer sobre otra. No pueden cobrar comisiones, hacer rebajas o descuentos, ni ofrecer formas similares de remuneración a quien les derive clientes, comprometiendo la imparcialidad a los fines de obtener casos.

ARTÍCULO 20: Las normas enunciadas en el presente cuerpo se extienden, en lo pertinente, a los observadores y a toda otra persona que por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tenga acceso al material de trabajo de los mediadores.

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